Autor: M.A. Alejandro Candelario
Cada mañana se repite la misma escena. Miles de docentes dominicanos encienden su computadora o toman su teléfono celular antes de iniciar la jornada. Revisan la plataforma de la Evaluación del Desempeño Docente, consultan los portales oficiales y recorren las redes sociales con la esperanza de encontrar una respuesta. La pregunta es la misma en todo el país: ¿cuándo publicarán los resultados?
Han transcurrido más de diez días desde que el Ministerio de Educación (MINERD) anunció oficialmente la conclusión de las seis etapas de la Evaluación del Desempeño Docente 2026. Desde entonces, la única información institucional ha sido que el proceso entró en una fase técnica de integración y validación de datos. Más allá de ese comunicado, no existe una fecha oficial para la publicación de las calificaciones finales.
Nadie discute que consolidar más de 122,000 evaluaciones representa un reto técnico y administrativo de gran magnitud. Un proceso de esa dimensión exige rigurosidad, controles de calidad y validaciones para garantizar la confiabilidad de los resultados. Precisamente porque se trata de una evaluación de alto impacto, la sociedad espera que el trabajo técnico se haga con el mayor cuidado posible.
Sin embargo, el rigor técnico nunca puede convertirse en excusa para el silencio institucional.
Cuando la información oficial desaparece, el vacío lo ocupan los rumores. Las redes sociales comienzan a llenarse de versiones contradictorias, cadenas de WhatsApp, supuestas filtraciones y especulaciones que solo aumentan la ansiedad del magisterio. Lo que pudo evitarse con una comunicación clara termina convirtiéndose en un problema de confianza.
La incertidumbre no es un asunto menor. Detrás de cada docente evaluado existe una familia, una planificación financiera y una expectativa legítima. Para muchos maestros, los resultados de esta evaluación representan no solo un reconocimiento profesional, sino también la posibilidad de acceder a incentivos económicos contemplados en el propio proceso. Mantener durante días a más de cien mil profesionales esperando una información que ya debió contar con un calendario público genera un desgaste emocional innecesario.
Paradójicamente, durante el desarrollo de la sexta etapa de la evaluación, el propio MINERD informó que las calificaciones parciales derivadas de la observación de clases serían publicadas en un plazo máximo de 72 horas, destacando los principios de transparencia, celeridad y retroalimentación oportuna. Esa expectativa de rapidez hace que la espera actual resulte aún más difícil de comprender para los docentes.
La propia Asociación Dominicana de Profesores (ADP) insistió durante el proceso en que la publicación oportuna de las calificaciones era indispensable para garantizar la transparencia, la objetividad y el derecho de los maestros a recibir retroalimentación. Su presidente, Eduardo Hidalgo, advirtió que los retrasos generan incertidumbre e inconformidad y afectan el clima de confianza que debe rodear la evaluación docente.
Ese planteamiento conserva plena vigencia. La crítica no se dirige necesariamente al tiempo que demanda el procesamiento técnico de los resultados; se dirige a la ausencia de una comunicación institucional que explique con claridad qué falta por concluir, cuánto tiempo tomará y cuándo pueden esperar los docentes una respuesta definitiva.
En administración pública existe un principio tan importante como la eficiencia: La rendición de cuentas. No basta con hacer bien el trabajo; también hay que informar cómo avanza, cuáles son las dificultades y cuándo concluirá. La transparencia no consiste únicamente en realizar un proceso técnicamente correcto. También implica comunicar de manera permanente, oportuna y respetuosa.
La educación dominicana necesita instituciones fuertes, procesos confiables y servidores públicos comprometidos. Pero también necesita comprender que la confianza se construye con información. Cuando el Estado comunica tarde o comunica poco, deja espacio para que la incertidumbre sustituya a la certeza.
Publicar un cronograma actualizado, informar periódicamente el avance de la validación o explicar las razones de cualquier retraso no debilita a una institución; por el contrario, fortalece su credibilidad y demuestra respeto hacia quienes forman la columna vertebral del sistema educativo: los docentes.
El Ministerio de Educación aún está a tiempo de transformar la incertidumbre en confianza. No con promesas, sino con información clara, verificable y oportuna.
Porque, al final, la evaluación del desempeño no termina cuando concluyen sus etapas. Termina cuando la institución cumple con el mismo estándar de responsabilidad, transparencia y oportunidad que exige a quienes educan al país.
