República Dominicana avanzó 17 posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), al pasar del puesto 94 en 2021 al 77 en 2026, según los datos presentados sobre el desempeño del país en materia institucional y judicial.
El informe evalúa el funcionamiento del Estado de derecho a través de ocho factores y 44 subindicadores, tomando en cuenta las experiencias y percepciones de ciudadanos y especialistas.
Entre los aspectos destacados figura el Gobierno Abierto, en el que el país ocupa la posición 44 de 143 naciones evaluadas, con un aumento de 9.1 % en su puntuación respecto a 2021.
En este ámbito se mencionan iniciativas como el Observatorio del Poder Judicial, las políticas de Datos Abiertos y Justicia Abierta, el programa Justicia y Sociedad y la elaboración del Plan Justicia del Futuro 2034, orientadas a fortalecer la transparencia y la participación ciudadana.
En cuanto a la justicia penal, el país registró un aumento de 8.4 % en su puntuación desde 2021, pasando del puesto 96 al 86 en el ranking mundial. Entre los indicadores con mayores avances figuran la ausencia de influencia gubernamental indebida, con un incremento de 29 %, la imparcialidad del sistema penal, con 12.2 %, y la resolución oportuna y efectiva de los casos penales, con 10.5 %.
De acuerdo con el informe, estos resultados están relacionados con medidas como el Plan de Optimización Penal, la coordinación entre instituciones, el uso de vías alternas para resolver expedientes y las reformas dirigidas a garantizar los derechos durante la ejecución de las penas.
Por su parte, la justicia civil registró un incremento de 2.5 % en su puntuación con relación a 2021, situándose en el puesto 102 a nivel mundial. También se destacó una mejora de 12.5 % en el indicador de ausencia de demoras injustificadas, vinculada a la implementación del Sistema de Gestión de Casos, el seguimiento de los servicios judiciales y la aplicación de la Ley núm. 2-23 sobre Procedimiento de Casación.
El documento también señala avances en la digitalización de los servicios judiciales, con más de 49,000 usuarios registrados en el portal de acceso digital y una tasa de tramitación digital de 52 % a nivel nacional.
Pese a los avances señalados, el informe identifica desafíos relacionados con la reducción de las barreras económicas para acceder a la justicia civil y el fortalecimiento de las garantías procesales y los derechos de las personas acusadas en el ámbito penal.
Los resultados sitúan entre las prioridades la continuidad de las medidas dirigidas a mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad del sistema judicial dominicano, así como la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
