República Dominicana estrena nuevo Código Penal con 32 modificaciones y una comisión de seguimiento

República Dominicana estrena nuevo Código Penal con 32 modificaciones y una comisión de seguimiento

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La República Dominicana cuenta oficialmente con un nuevo Código Penal, luego de que el Senado aprobara en dos lecturas consecutivas y de urgencia las 32 modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Horas más tarde, el presidente Luis Abinader promulgó la legislación mediante el Decreto núm. 507-26.

La nueva normativa incorpora delitos y actualiza diversas figuras penales para responder a las necesidades actuales del país. Entre los cambios se incluyen disposiciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el hostigamiento, el hostigamiento cibernético, la violencia intrafamiliar, el acoso, la discriminación y la difusión ilícita de contenido íntimo.

También fueron modificados artículos relacionados con el proxenetismo, la difamación, el abandono de niños, niñas y adolescentes, la malversación de fondos públicos, la bancarrota simple, la violación de propiedad y la certificación falsa del estado de salud, entre otros aspectos.

Durante la sesión, los senadores de la Fuerza del Pueblo y el legislador Antonio Taveras presentaron propuestas para modificar el proyecto. Sin embargo, todas fueron rechazadas por el pleno, que finalmente respaldó la versión remitida por la Cámara de Diputados.

Como parte de la promulgación, el presidente Abinader dispuso la creación de una comisión de seguimiento encargada de evaluar la aplicación del nuevo Código Penal y proponer futuras mejoras. El organismo estará integrado por reconocidos juristas y los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro.

De acuerdo con el Poder Ejecutivo, esta comisión dará continuidad al proceso de revisión técnica e institucional de la legislación penal, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico y adecuarlo a los desafíos actuales.

Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Gobierno sostiene que el país avanza hacia un ordenamiento jurídico más moderno, con mayores herramientas para proteger los derechos fundamentales y enfrentar las nuevas formas de criminalidad del siglo XXI.

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