La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, aclaró que sus recientes declaraciones sobre la investigación realizada en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) no modifican las conclusiones ni las recomendaciones contenidas en el informe oficial emitido por la institución.
Ortiz Bosch explicó que sus pronunciamientos estuvieron sustentados en el contenido del documento y recordó que corresponde al Ministerio de Administración Pública (MAP) y a la Procuraduría General de la República determinar las responsabilidades y las posibles sanciones derivadas del caso.
"Un funcionario público habla por los resultados. Juzgar es una competencia del Ministerio de Administración Pública o la Procuraduría General y, mientras no hay juicio, siempre hay una presunción de inocencia", expresó la funcionaria.
El informe de la DIGEIG señala que, además del exrector del ITLA, Rafael Feliz García, existen posibles faltas éticas atribuibles a Winston Paulino, actual director de Gabinete de la institución.
De acuerdo con la investigación, Paulino habría impulsado la práctica denunciada dentro del ITLA con la anuencia de la máxima autoridad de ese momento. El documento concluye que las conductas observadas son incompatibles con los principios de probidad, integridad y respeto a las normas que rigen la función pública.
Asimismo, el informe establece que las consideraciones disciplinarias aplicables a Rafael Feliz también deben evaluarse en el caso de Winston Paulino, debido a su nivel de participación y responsabilidad en los hechos investigados.
La DIGEIG recordó que Rafael Feliz fue destituido como rector del ITLA mediante el Decreto 39-26, emitido por el presidente Luis Abinader el 23 de enero de 2026.
Como parte de sus recomendaciones, la entidad planteó al Ministerio de Administración Pública iniciar un procedimiento disciplinario contra Rafael Feliz y Winston Paulino, además de fortalecer los mecanismos de control interno, remitir el informe a la Presidencia de la República para su conocimiento y notificar formalmente las decisiones a las partes involucradas.
Con esta aclaración, Ortiz Bosch reiteró que el informe mantiene intactas sus conclusiones y recomendaciones, al tiempo que insistió en que las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
