El Ministerio de Interior y Policía y las alcaldías del Gran Santo Domingo avanzan en una estrategia conjunta para regularizar las paradas de motoconchistas y fortalecer la seguridad ciudadana en la zona metropolitana.
La iniciativa fue abordada durante una reunión encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto al director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez, y representantes de varios gobiernos locales.
Durante el encuentro, las autoridades acordaron coordinar acciones entre instituciones como la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Digesett, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección General de Migración para garantizar una regulación efectiva del sector.
Como parte de las medidas, se estableció que los motoconchistas deberán contar con licencia de conducir vigente y certificado de no antecedentes penales para formar parte de las paradas autorizadas.
Además, se implementará un sistema de chalecos numerados e identificados por colores según la provincia, con el objetivo de facilitar la supervisión y el control por parte de las autoridades.
El plan también contempla la clasificación de los espacios destinados a las paradas de motoconchos para determinar dónde podrán operar y dónde no, tomando en cuenta criterios técnicos relacionados con el tránsito y la seguridad vial.
Las alcaldías tendrán un papel clave en el proceso, ya que serán responsables de autorizar los espacios, emitir permisos de uso de suelo y registrar las paradas habilitadas para operar.
En la reunión participaron representantes de los ayuntamientos del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, así como técnicos del Intrant y otras entidades vinculadas al transporte y la seguridad.
Las autoridades destacaron que esta coordinación permitirá avanzar hacia un sistema de transporte más organizado, seguro y transparente, contribuyendo a la prevención de delitos, el orden público y la protección de los ciudadanos.
