El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, regresa este miércoles a los tribunales, donde un juez conocerá la revisión de la medida de coerción que cumple junto a otros imputados, acusados por el Ministerio Público de integrar una presunta red de corrupción que habría desviado más de RD$15,900 millones de la aseguradora estatal.
La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Deiby Timoteo Peguero. Además de la revisión obligatoria de la medida, la defensa de Hazim solicitará la variación de la prisión preventiva.
El conocimiento del proceso fue aplazado la semana pasada para que la defensa, encabezada por el abogado Miguel Valerio, presentara un nuevo presupuesto como parte de los argumentos para modificar la medida de coerción.
Junto a Hazim también serán revisadas las medidas impuestas a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras tanto, los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella continúan bajo arresto domiciliario.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la supuesta estructura operaba mediante un "comité operativo" paralelo que tomaba decisiones al margen de los mecanismos institucionales de Senasa para agilizar o bloquear procesos a cambio de beneficios económicos.
Los fiscales sostienen que el esquema incluía la alteración de documentos, reclamaciones fraudulentas, pagos respaldados por facturación simulada, habilitación irregular de prestadores de servicios de salud y el uso de empresas de carpeta, así como triangulación bancaria, para ocultar el presunto desvío de fondos provenientes de las reservas técnicas de Senasa.
La decisión que adopte el tribunal definirá el curso inmediato del proceso judicial contra los principales imputados en uno de los casos de presunta corrupción administrativa de mayor impacto económico que actualmente conoce la justicia dominicana.
