La Cámara de Cuentas de la República Dominicana publicó los informes de auditoría aprobados en sus más recientes sesiones del Pleno, entre ellos el correspondiente a la Cámara de Diputados para el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.
En una nota de prensa suscrita por todos los integrantes del órgano fiscalizador, la institución aclaró que dicha auditoría concluyó con un dictamen sin salvedad, al no identificar hallazgos que afectaran la razonabilidad de la información financiera contenida en los estados financieros de la Cámara de Diputados.
Según explicó, el informe establece que no se determinaron desviaciones contables ni incumplimientos legales de relevancia que incidieran en la información financiera de la institución auditada.
La Cámara de Cuentas precisó que las observaciones incluidas en el documento corresponden a aspectos de carácter procedimental y de control interno, como la necesidad de mejorar la clasificación de cuentas contables y los registros de descargo de mobiliario en el Sistema de Información de Bienes (SIAB), sin que estas observaciones impacten la ejecución de los recursos o bienes públicos.
Asimismo, enfatizó que la auditoría no contiene hallazgos de carácter legal, jurídico o normativo, ni inconsistencias relacionadas con la administración del presupuesto de la Cámara de Diputados.
Además del informe sobre la Cámara de Diputados, el Pleno aprobó auditorías al Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey (2015-2018), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) (2012-2020), el Servicio Nacional de Salud (2016-2018), el Ministerio de Trabajo (2017), el Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz (2017-2018) y el Ayuntamiento Municipal de Monseñor Nouel (2016-2020).
Finalmente, la Cámara de Cuentas informó que impulsará programas de formación dirigidos a periodistas para fortalecer el manejo de la terminología y los aspectos técnicos relacionados con los informes de auditoría, con el propósito de contribuir a una mejor comprensión de estos documentos y fortalecer el control social sobre los recursos del Estado.
