La Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (Acadisando) exigió al presidente Luis Abinader tomar medidas para frenar el incremento de los precios de los productos de primera necesidad y advirtió que, de no obtener respuesta, iniciará un plan de protestas que incluiría cacerolazos y manifestaciones pacíficas.
Las dirigentes Altagracia Brand, Barbina Herrera Peña, Fiordaliza Guzmán, Felicita Dishmey y Raquel de la Cruz afirmaron que las familias enfrentan cada vez mayores dificultades para adquirir alimentos básicos debido al aumento constante de los precios en colmados, mercados y supermercados.
La organización señaló que productos como arroz, habichuelas, aceite, carnes, huevos, leche, pan, café, azúcar, plátanos, yuca, papas y vegetales registran incrementos semanales que oscilan entre RD$5 y RD$25, lo que, aseguran, ha deteriorado el poder adquisitivo de los hogares.
Acadisando citó datos del Banco Central que reflejan un aumento acumulado de 36.5 % en los alimentos de la canasta básica entre octubre de 2020 y junio de 2026, situación que considera una señal de alerta para las autoridades.
Como parte de sus acciones, la entidad informó que realiza asambleas en distintos barrios para escuchar las preocupaciones de las familias y coordinar, junto a organizaciones comunitarias, un plan de movilizaciones nacionales si el Gobierno no adopta medidas para contener el alto costo de la vida.
Las amas de casa también denunciaron que el incremento en los combustibles, el transporte, la energía eléctrica, los servicios básicos y los insumos agrícolas ha agravado la situación económica de miles de familias dominicanas.
Asimismo, sostuvieron que el encarecimiento del costo de la vida ha generado tensiones en los hogares, afectando la estabilidad familiar y el funcionamiento de pequeños negocios, además de aumentar la preocupación por el desempleo, la inseguridad ciudadana y otras problemáticas sociales.
Finalmente, Acadisando reiteró su respaldo a las comunidades de La Cuaba y La Caleta en su oposición a la instalación de un vertedero y a los desalojos, al tiempo que abogó por la titulación de unas 45 mil familias en condición de vulnerabilidad.
