La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su preocupación por las modificaciones aprobadas en el Senado al proyecto de reforma de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que fueron realizadas sin un proceso amplio de consulta ni estudios técnicos que las respalden.
El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, señaló que el gremio identificó varios aspectos que generan inquietud tanto por el procedimiento utilizado para aprobar la iniciativa como por el contenido de las modificaciones incluidas en el proyecto.
Pujols lamentó que una propuesta de esta relevancia haya sido aprobada sin consultar a los sectores que serían impactados, así como al Ministerio de Medio Ambiente y al Fideicomiso BioSostenible, entidades con responsabilidades directas en la aplicación de la normativa.
Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios de impacto, análisis técnicos y evaluaciones regulatorias que justifiquen los cambios, especialmente los relacionados con la contribución especial establecida en el artículo 36 de la ley.
El dirigente empresarial explicó que las modificaciones contemplan aumentos significativos en las contribuciones que deben realizar las empresas. Indicó que las microempresas pasarían de pagar RD$3,000 a RD$3,500 anuales, mientras que las empresas de mayor tamaño verían incrementada su contribución de RD$675,000 a RD$3 millones al año.
A juicio de la AIRD, cualquier necesidad de mayores recursos para los ayuntamientos debe resolverse mediante el cumplimiento de las transferencias establecidas por ley y no a través de incrementos en cargas económicas vinculadas a la gestión de residuos.
Pujols advirtió además que la modificación de una legislación tan importante apenas seis meses después de su última reforma podría afectar la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica del país.
La organización empresarial informó que participará en las discusiones que se llevarán a cabo en la Cámara de Diputados a partir de la próxima semana, con el objetivo de aportar elementos técnicos que contribuyan al análisis del proyecto.
La AIRD consideró que una política pública de esta magnitud debe construirse sobre la base del consenso, la evidencia técnica y la participación de todos los sectores involucrados para garantizar su efectividad y sostenibilidad.
