Los diputados Pedro Martínez, del bloque DxC–Alianza País, y Carolin Mercedes de la Cruz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), depositaron un proyecto de ley que busca crear una Plataforma Pública de Participación Ciudadana y Municipal Virtual, con el objetivo de facilitar la intervención de la ciudadanía en los procesos legislativos y municipales mediante herramientas digitales.
La iniciativa plantea modernizar los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución y en las leyes vigentes, mediante un sistema que permita presentar proyectos, realizar consultas públicas y recolectar firmas digitales sin necesidad de trasladarse físicamente.
Entre sus principales propuestas figura la creación de un portal web y una aplicación móvil, administrados por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), desde los cuales los ciudadanos podrían respaldar iniciativas legislativas y municipales.
El proyecto también contempla la interconexión con la base de datos del Registro Electoral de la Junta Central Electoral (JCE), para verificar la identidad de los firmantes, comprobar su habilitación para ejercer el sufragio y evitar la duplicidad de firmas, incluyendo la participación de los dominicanos residentes en el exterior.
Asimismo, propone reconocer la validez jurídica de las adhesiones digitales, conforme a la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, y permitir la combinación de firmas electrónicas con firmas físicas digitalizadas.
En materia de seguridad, la propuesta contempla medidas para proteger la información personal de los ciudadanos, mediante estándares internacionales de ciberseguridad y privacidad, además de prohibir el uso comercial o secundario de los datos recopilados a través de la plataforma.
La iniciativa busca facilitar el ejercicio de la Iniciativa Legislativa Popular, prevista en el artículo 97 de la Constitución y regulada por la Ley 136-15, así como fortalecer los mecanismos de participación en los gobiernos locales contemplados en la Ley 176-07.
El proyecto establece un plazo de dos años para la adecuación tecnológica de las instituciones involucradas, entre ellas el Congreso Nacional, la JCE, la OGTIC y los gobiernos locales, con miras a poner en funcionamiento la infraestructura necesaria para implementar el sistema.
