El Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia sostuvieron un encuentro de alto nivel en el que se discutieron importantes iniciativas legislativas destinadas a fortalecer el sistema judicial dominicano. Entre ellas destacan la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de Simplificación de Procesos Judiciales, la actualización de la normativa de Registro Inmobiliario y la eliminación de tasas judiciales, todas orientadas a mejorar la eficiencia, accesibilidad y transparencia de la justicia en beneficio de la ciudadanía.
El magistrado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presentó los avances alcanzados entre 2019 y 2025, resaltando la transformación del sistema judicial hacia un modelo más ágil y humano. Subrayó la importancia de la justicia digital, que ya cuenta con más de 33 mil usuarios y cinco millones de documentos emitidos con firma digital, así como la puesta en marcha de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, que sustituye instalaciones precarias por espacios modernos y dignos.
Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, valoró el proceso de modernización del Poder Judicial, destacando que una justicia eficiente y confiable es esencial para el desarrollo democrático, la seguridad jurídica y la atracción de inversiones. Señaló que este diálogo interinstitucional permite armonizar ideas y propuestas legislativas, fortaleciendo el Estado de Derecho y la gobernanza moderna.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó la colaboración entre Congreso y Poder Judicial como columna vertebral para erradicar la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana. Reafirmó el compromiso del Congreso en impulsar leyes que garanticen los derechos fundamentales y promuevan la transparencia, asegurando que cuando ambos poderes comparten una visión de país, los resultados se multiplican.
El encuentro concluyó con el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para dotar al país de un marco legal que consolide la democracia y garantice una justicia pronta, humana y confiable. Tanto el Congreso como la Suprema Corte coincidieron en que este esfuerzo compartido engrandece la institucionalidad dominicana y responde a las demandas de una sociedad que exige mayor eficiencia y transparencia en sus instituciones.
