WASHINGTON, 24 Mar. – La Administración del expresidente estadounidense Donald Trump ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para permitir el despido de miles de empleados públicos en periodo de prueba. Esta medida responde a una serie de fallos judiciales que ordenaban la readmisión de los trabajadores cesados como parte de la estrategia de reducción de costos del Gobierno.
El Departamento de Justicia argumenta que dichas resoluciones interfieren en la relación entre el Gobierno y sus empleados, lo que consideran una violación de la separación de poderes. La abogada general del Estado, Sarah Harris, criticó la intervención de los jueces, afirmando que «la corte debe dejar de asaltar la estructura constitucional antes de que resulte dañada».
El fallo judicial supone un revés para Trump y su asesor principal, Elon Musk, quienes promovieron una reducción drástica de la burocracia y el gasto público federal. Como parte de esta política, las agencias gubernamentales tienen hasta una fecha límite para presentar recortes presupuestarios significativos.
Actualmente, los empleados públicos federales deben cumplir un periodo de prueba de un año antes de obtener estabilidad laboral, requisito que también se aplica en casos de ascensos. La Administración Trump busca aprovechar este marco legal para reducir el número de funcionarios y minimizar el gasto del Gobierno.
El debate sobre el impacto de esta política sigue abierto, mientras el Tribunal Supremo se prepara para tomar una decisión que podría sentar un precedente en la gestión del empleo público en Estados Unidos.
