SANTO DOMINGO. La reciente aprobación en primera lectura del proyecto de reforma al Código Procesal Penal ha generado inquietud en sectores jurídicos e institucionales, al evidenciarse discrepancias entre el texto votado en el Senado y el informe original de la Comisión de Justicia.
A pesar de haber sido aprobado por unanimidad, el senador Antonio Taveras solicitó su devolución a comisión, en un intento por corregir desviaciones que, según expertos, podrían debilitar garantías constitucionales fundamentales.
Uno de los puntos más controversiales es la modificación del artículo 25, que permitiría el uso de la analogía procesal en favor de todas las partes, incluyendo el Ministerio Público. Esta disposición contradice precedentes del Tribunal Constitucional, como la Sentencia TC/0025/22, que prohíbe la analogía en perjuicio del imputado, en defensa del principio de legalidad penal.
Además, el proyecto plantea cambios en los artículos 146 y 151 que podrían extender indefinidamente la duración de los procesos penales, revocando criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en sentencias como la TC/0740/24 y la TC/0882/25, donde se reafirma que las demoras no pueden justificarse por deficiencias del sistema judicial.
Otro punto crítico es la introducción del “interés casacional” en materia penal, figura que permitiría a la Suprema Corte declarar inadmisible un recurso si no considera relevante el debate jurídico. Esta medida ha sido cuestionada por su incompatibilidad con el derecho a la doble instancia en casos de condena, como lo establece la Sentencia TC/0561/24.
Juristas advierten que el proyecto, tal como está redactado, podría fortalecer excesivamente al órgano persecutor, en detrimento de las garantías del debido proceso. Aunque las reformas no tendrían efecto retroactivo, sus implicaciones futuras podrían afectar a cualquier ciudadano sujeto a persecución penal.
La Comisión de Justicia del Senado enfrenta ahora el reto de revisar el texto y garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales y la jurisprudencia vigente.
