La Alianza Dominicana Antitabaquismo (ADAT) presentó los resultados que corresponden a la República Dominicana del Índice de Interferencia de la Industria del Tabaco 2025.
La metodología que se siguió en la investigación fue presentada por el licenciado Juandy Gómez, miembro de la entidad. “El equipo buscó la información en los sitios web de periódicos de circulación nacional y en los portales y sitios web de organismos estatales, de la Asociación Dominicana de Fabricantes de Cigarros (PROCIGAR) y de sus industrias miembros”. Se estableció una búsqueda de información desde el primero de abril del 2023 hasta el 31 de marzo de 2025”, explicó.
La información para este informe se recopiló en 20 preguntas, divididas en siete categorías, de fuentes disponibles públicamente. Las puntuaciones oscilan entre 0 y 5. Cuanto menor sea la puntuación, menor será la interferencia de la industria en las políticas públicas. La puntuación general iba de 0 a 100.
Los resultados del estudio fueron presentados por el doctor Samuel Ramos, coordinador de la ADAT, agrupados en las siete las categorías investigadas:
1. Los organismos gubernamentales han colaborado activamente con la industria tabacalera (IT) mediante acuerdos, eventos y apoyo institucional, reforzando su influencia en las políticas públicas.
2. El gobierno dominicano apoya abiertamente las iniciativas de la IT. Las autoridades también participaron en eventos de la industria. Estas acciones reflejan una colaboración significativa con la IT, contraviniendo las directrices del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT).
3. El gobierno ofrece incentivos directos a la IT. Las políticas de impuestos especiales favorecen los productos de tabaco calentado y eximen a los cigarrillos electrónicos.
4. El gobierno mantiene una estrecha relación con la IT mediante su constante participación en inauguraciones, lanzamientos de cosechas, ferias y eventos promocionales, legitimando así al sector y contradiciendo las directrices del CMCT.
5. El gobierno carece de transparencia en sus interacciones con la IT. No existen registros públicos de las reuniones ni normas que exijan la divulgación de la identidad de los representantes o lobistas de la industria.
