Santo Domingo, RD. – Un proyecto de ley aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados podría transformar radicalmente la relación entre propietarios e inquilinos en el país. La nueva legislación propone penas de prisión para propietarios, alguaciles y abogados que lleven a cabo desalojos sin la debida autorización judicial.
Según el documento legislativo, estas personas podrían enfrentar entre tres y cinco años de prisión y multas equivalentes a 10 o 20 salarios mínimos del sector público si ejecutan un desalojo fuera del marco legal. Además, los alguaciles que incumplan el debido proceso y vulneren los bienes del inquilino podrían recibir sanciones disciplinarias, incluyendo suspensión de hasta un año o multas de cinco a 30 salarios mínimos.Proceso previo a la demanda Antes de que un caso por violación de contrato de alquiler llegue a los tribunales, el juzgado de paz deberá convocar a ambas partes a un proceso de conciliación obligatorio. Esta medida busca evitar litigios innecesarios y promover acuerdos amistosos.
Nuevas reglas para inquilinos y propietarios El proyecto también establece obligaciones claras para inquilinos y arrendadores:
- Los inquilinos deberán encargarse del mantenimiento básico del inmueble.
- En caso de remodelación, el contrato se prorrogará por el tiempo que duren los trabajos, y el inquilino no pagará renta durante ese período.
- Los propietarios no podrán subir el alquiler mientras esté vigente el contrato.
- Podrán exigir un depósito de hasta dos meses de renta, el cual será depositado en una entidad bancaria.Derogaciones importantes Esta iniciativa derogaría leyes vigentes desde hace más de medio siglo, como la Ley 4314 de 1955, la Ley 17-88 de 1988 y el Decreto 4807 de 1959, marcando un cambio significativo en el régimen de alquileres dominicano.Participación ciudadana El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, anunció que próximamente se convocarán vistas públicas para escuchar la opinión de la ciudadanía y afinar los últimos detalles del proyecto.
- Este paso legislativo representa un esfuerzo por equilibrar los derechos y deberes tanto de propietarios como de inquilinos, y, de aprobarse en su forma final, podría marcar el fin de décadas de conflictos e incertidumbres en el ámbito de los alquileres.
