La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, bajo la dirección del magistrado Wilson Camacho, ha iniciado una serie de diligencias procesales relacionadas con las empresas y propiedades del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, escenario de una tragedia que ha consternado a toda la República Dominicana.
El pasado martes 8 de abril, durante una fiesta en la que se presentaba el reconocido merenguero Rubby Pérez, el techo de concreto de la discoteca se desplomó por completo, provocando la muerte de 232 personas y dejando a más de 180 heridas. El hecho ha generado una fuerte respuesta de las autoridades y una ola de indignación en la sociedad.
Como parte del proceso de investigación, el Ministerio Público ha gestionado un impedimento cautelar que prohíbe cualquier tipo de transacción accionaria o patrimonial relacionada con las empresas y bienes vinculados a Espaillat. Esta medida busca evitar que los activos sean transferidos, ocultados o enajenados mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.
“Estas acciones tienen como fin preservar los bienes que podrían ser objeto de reparación a las víctimas o de incautación, en caso de que se confirme responsabilidad penal o civil”, expresó una fuente del Ministerio Público.
Además de esta medida, se contempla que se realicen allanamientos, análisis de documentos financieros y estructurales, así como entrevistas con testigos, sobrevivientes y empleados del establecimiento.
La investigación busca esclarecer las condiciones en las que operaba la discoteca y determinar si hubo negligencia, irregularidades en las licencias de operación o violaciones a las normas de seguridad estructural.
La sociedad espera justicia para las víctimas y que este lamentable hecho marque un precedente en cuanto a la responsabilidad empresarial en eventos públicos masivos.
