Ginebra.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU exigió este martes el cumplimiento total del embargo de armas para detener los suministros recibidos por bandas criminales en Haití, decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU y su extensión por un año. Se discutirá más la próxima semana.
“Las armas y las municiones no se fabrican en Haití, vienen de empresas de otros lugares. Los Estados deben hacer más para aplicar plenamente el embargo del Consejo de Seguridad a los exportadores de armas que operan en o desde su territorio”, afirmó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk.
En un debate sobre la situación en Haití en el Consejo de Derechos Humanos, Türk recordó que el acceso a las armas ha provocado miles de asesinatos, desplazamientos masivos y otras violaciones de derechos humanos entre febrero y julio de este año, período que cubre el último informe elaborado por su organización.
Las investigaciones de la ONU han documentado asesinatos selectivos, tiroteos aleatorios, secuestros masivos, reclutamiento forzado, tráfico de menores e incendios y saqueos de ciudades y pueblos, todos ellos actos criminales llevados a cabo “por bandas cada vez más poderosas”.
También denunció que la violencia sexual “ha alcanzado un nuevo nivel de brutalidad”, luego de que se documentaran violaciones colectivas.
La ONU ha condenado varias veces en las últimas semanas el caos violento que se está desarrollando en Haití, donde el control de las rutas terrestres por parte de las pandillas ha interrumpido la prestación de servicios básicos.
Türk afirmó que una de las consecuencias es que casi cinco millones de personas sufren de inseguridad alimentaria aguda, y un tercio de la población experimenta síntomas de desnutrición.
El alto comisionado dijo a los países presentes que se debe apoyar el modelo de buena gobernanza de Haití, particularmente en las áreas de justicia, policía y sector penitenciario, al tiempo que se abordan problemas más profundos, como la pobreza y la desigualdad.
En este sentido, felicitó el plan de acción del gobierno de transición para combatir la corrupción e incluyó la creación de una unidad especial de justicia para combatir delitos graves, como la violencia sexual y financiera.
