Desde el año 2022, la Dirección General de Aduanas (DGA) en la República Dominicana, en su papel de actor civil, ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el tráfico de armas. En colaboración con la Procuraduría General de la República, la DGA ha presentado un total de 76 casos relacionados con este delito, de los cuales ocho han culminado en sentencias condenatorias, mientras que los demás continúan su curso legal.
Un ejemplo reciente de estos resultados es la sentencia emitida el 5 de marzo contra Aquiles Rafael Díaz Peña y Visael González Francisco. El tribunal de Puerto Plata los declaró culpables de tráfico internacional de armas y violaciones a diversas leyes dominicanas, incluyendo el Código Penal, la Ley de Aduanas y la Ley para el Control y Regulación de Armas. Como consecuencia, ambos individuos fueron condenados a 10 años de prisión.
Las investigaciones judiciales demostraron la participación de Díaz Peña y González Francisco en una red de tráfico de armas que operaba desde Estados Unidos hacia la República Dominicana. Este caso contó con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), así como de otros organismos de investigación estatales.
El descubrimiento de las armas se produjo en el muelle de Puerto Plata, dentro de un contenedor consignado a la compañía Edi Cargo Express, procedente de Georgia, Estados Unidos.
Estas sentencias, junto con los procesos judiciales en curso, subrayan el compromiso de la DGA con la seguridad nacional. La institución no solo se dedica a la incautación de armas, municiones y pertrechos militares que intentan ingresar ilegalmente al país, sino que también se esfuerza por aportar pruebas y dar seguimiento a los procesos judiciales. El objetivo es asegurar que aquellos que atentan contra la paz en el territorio dominicano o participan en redes criminales transnacionales sean sancionados conforme a la ley.
