Santo Domingo, RD. – Un juez federal de California detuvo este lunes el intento de la Administración de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos y haitianos en Estados Unidos. La decisión, tomada por el juez de distrito Edward Chen, representa un revés para las políticas migratorias de Trump y protege temporalmente a miles de beneficiarios de la deportación.
El fallo judicial pone en pausa la orden de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, quien había impulsado la eliminación del programa. Según el documento emitido por el juez, la acción de la secretaria podría causar un daño irreparable a cientos de miles de personas, interrumpiendo sus vidas, familias y medios de subsistencia, además de generar pérdidas económicas significativas para Estados Unidos y afectar la seguridad pública.
Impacto y antecedentes
El TPS es una protección migratoria otorgada a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro. Venezuela fue designada para este programa en marzo de 2021 por el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, debido a la crisis humanitaria bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Antes de dejar el cargo, la Administración de Joe Biden renovó estas protecciones por 18 meses adicionales.
La semana pasada, beneficiarios del TPS para Venezuela y Haití, junto con la organización Alianza Nacional del TPS, solicitaron la suspensión de la orden de la Casa Blanca que ponía fin al programa. Este grupo de defensa ya había enfrentado intentos previos de Trump en 2018 para eliminar el TPS en otros países, logrando derrotar esas medidas en tribunales federales.
Reacciones y próximos pasos
El fallo judicial permite que los venezolanos y haitianos acogidos al TPS continúen bajo esta protección mientras se toma una decisión definitiva sobre su futuro legal. La resolución también subraya que el gobierno no pudo demostrar que mantener el programa causaría daños significativos que justificaran su eliminación.
Este caso marca otro capítulo en el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, mientras miles de familias esperan claridad sobre su situación.
