Santo Domingo, R.D. — 14 de julio de 2025 — El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, presentó nuevas propuestas orientadas a transformar el sistema judicial dominicano, con énfasis en la digitalización integral, la reducción de la mora judicial y el fortalecimiento de los acuerdos como vía para agilizar procesos.
Durante su intervención como presidente del Consejo del Poder Judicial, Molina planteó que los procesos judiciales no deberían extenderse más de seis meses por instancia, como lo establece el Código Procesal Penal. Para lograr ese objetivo, propuso la creación de una oficina técnica previa al juicio, encargada de depurar expedientes y facilitar negociaciones desde la audiencia preliminar.
Digitalización como eje transversal
El magistrado reiteró que la digitalización debe ser transversal y conectar a todos los actores del sistema, desde la Policía Nacional hasta los tribunales. “No hay razón para que hoy en día no se notifique ni se tramite electrónicamente”, afirmó, al destacar que el Poder Judicial ya cuenta con cinco años de avances tecnológicos.
Sugirió además que las audiencias preliminares y de acuerdos se realicen digitalmente, mientras que las de fondo transitarán hacia ese modelo de forma más progresiva. En la Suprema Corte, gracias a herramientas como la firma electrónica y la eliminación del papel en salas penales, el 81% de los casos se resuelven en menos de tres meses.
Propuestas estructurales
Molina también propuso que los tribunales unipersonales asuman una mayor carga procesal en casos menos complejos y abogó por establecer el interés casacional en la Suprema Corte para evitar la acumulación de expedientes y construir una jurisprudencia más eficiente.
Reconoció, sin embargo, que los tribunales de primera instancia, especialmente en Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional, aún enfrentan retrasos importantes, con niveles de resolución inferiores al 80%.
Replanteamiento judicial y salud mental
El magistrado respaldó la postura de la procuradora Yeni Berenice Reynoso en cuanto a que los casos relacionados con salud mental y consumo de sustancias no deberían llegar a judicialización formal, abogando por un modelo que priorice el abordaje social.
Por último, destacó la importancia de investigación rigurosa en los juicios de fondo y valoró el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, que, según el defensor público Rodolfo Valentín, está construyendo las bases para una justicia más transparente, eficiente y centrada en el ciudadano.
