El Gobierno informó que las empresas investigadas por actos de corrupción serán inhabilitadas para contratar con el Estado, mientras que sus representantes legales no podrán ocupar cargos públicos.
La medida busca reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, enviando un mensaje claro de que las prácticas ilícitas no tendrán cabida en la administración pública.
De acuerdo con las autoridades, esta disposición forma parte de un paquete de acciones para fortalecer la ética en la gestión gubernamental y garantizar que los fondos del erario se manejen de manera responsable y en beneficio de la ciudadanía.
Además de la inhabilitación administrativa, los representantes de dichas compañías enfrentarán procesos judiciales en caso de comprobarse su vinculación con esquemas de corrupción, conforme a lo establecido en la legislación penal vigente.
Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento institucional y la lucha frontal contra la impunidad.
