Redacción PALMERA.com.do Washington, EE.UU. – 3 de julio de 2025
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha ordenado a sus fiscales priorizar los procesos de desnaturalización contra inmigrantes que hayan obtenido la ciudadanía y posteriormente hayan sido condenados por ciertos delitos, lo que ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles.
La directriz fue enviada a través de un memorando interno firmado por el fiscal adjunto de la División Civil, Brett A. Shumate, en el que se instruye a los fiscales a “promover al máximo” estos procedimientos cuando exista sustento legal y evidencias sólidas.
Delitos señalados y mayor discreción fiscal
Entre las diez categorías de infracciones que podrían acarrear la revocación de la ciudadanía figuran el fraude migratorio, delitos graves no revelados durante el proceso de naturalización, participación en organizaciones terroristas, crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos y fraudes financieros contra programas públicos como Medicaid.
El DOJ también dejó abierta la posibilidad de iniciar procedimientos en casos excepcionales, delegando a sus fiscales la potestad de evaluar nuevos escenarios según su importancia o impacto.
Cuestionamientos legales y sociales
Grupos como la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL) denunciaron el carácter vago y expansivo de la medida, advirtiendo que podría vulnerar la Decimocuarta Enmienda y el derecho al debido proceso.
“La amenaza a los derechos de los ciudadanos naturalizados es incalculable, especialmente sin garantías mínimas como representación legal”, expresó Christopher Wellborn, presidente de la NACDL.
El memorando se enmarca en la política migratoria de la actual administración, que ha buscado restringir el acceso a beneficios de ciudadanía a través de medidas más estrictas y revisiones retroactivas.
