Por Glenn Davis
Es asombroso y profundamente preocupante que en pleno siglo XXI, en un país que busca avanzar en derechos y protección de la infancia, no haya un solo padre o madre enfrentando consecuencias legales por la intoxicación de sus hijos menores de edad. El día 1 de enero del recién nacido año 2025, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anunció que durante el operativo de Navidad y Año Nuevo "Conciencia por la vida", se atendieron 145 casos de intoxicación por alcohol, de los cuales 29 correspondían a menores de entre 12 y 17 años. Ante estos números alarmantes, uno no puede evitar preguntarse: ¿dónde están los responsables?
El silencio ensordecedor de las entidades responsables de velar por el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes es tanto desconcertante como inaceptable. La fiscalía, los organismos de protección infantil, ¿dónde están? Las cifras no son simples estadísticas; representan vidas jóvenes que han sido puestas en peligro por irresponsabilidad de sus padres. Urge que estas instituciones actúen con la seriedad que el tema amerita.
La falta de acción no solo es un reflejo de negligencia administrativa, sino también un mensaje peligroso de impunidad. Al no penalizar a los responsables, se perpetúa un ciclo de irresponsabilidad que puede tener consecuencias devastadoras. Es esencial que se tomen medidas concretas para asegurar que los padres y tutores entiendan la gravedad de permitir que sus hijos consuman alcohol, y que sepan que habrá consecuencias legales si no cumplen con su deber de protección.
Se requiere una revisión exhaustiva de los protocolos de acción en los hospitales y centros de salud privados. Estos deben estar preparados para reportar inmediatamente a las autoridades competentes cuando se presenten casos de menores intoxicados. La detección temprana y la intervención son cruciales para prevenir futuros incidentes y garantizar que aquellos responsables rindan cuentas.
Además, es necesario implementar programas de educación y concienciación dirigidos tanto a los padres como a los adolescentes. La educación es una herramienta poderosa para prevenir la repetición de estos incidentes. Los padres deben ser conscientes de los peligros del consumo de alcohol en menores.
La sociedad, en su conjunto, debe exigir cambios. No podemos permitir que el tema se disuelva en la indiferencia. Las autoridades deben ser presionadas para que actúen, y la comunidad debe unirse para proteger a los jóvenes. La protección de los menores es un deber colectivo, y es hora de que todo el mundo asuma su parte de responsabilidad.
No basta con expresar indignación; debemos traducir esa indignación en acciones concretas que garanticen un cambio real y duradero. Solo así podremos asegurar que estos incidentes no se repitan.
