El gobierno español aprobó el martes una reforma regulatoria de la ley de inmigración que reducirá el tiempo necesario para flexibilizar los requisitos de legalización de los inmigrantes indocumentados en España, beneficiando potencialmente a unas 300.000 personas en los próximos tres años.
Así lo afirmó la ministra de Inclusión, Protección Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, detallando los principales cambios.
Entre ellos, se reduce de 3 a 2 años el tiempo necesario para obtener el estatus nacional en España, que puede ser social, sociolaboral, familiar, socioeducativo, segunda oportunidad, este último de nueva creación.
También establece que todas las visas tienen un período inicial de un año y un período de renovación de cuatro, con el fin de evitar situaciones de irregularidad inesperada.
También fortalece las protecciones para los trabajadores temporeros y la reunificación familiar.
Durante este período, entre otras medidas, se elevó la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años. Se identificaron otros hechos como que parejas no registradas formalmente pueden mostrar una relación afectiva similar y el encuentro con niños y padres víctimas de trata, violencia sexual y no de género. del.
La mayoría de personas que se beneficiarán de esta medida serán aquellas que hayan adquirido la nacionalidad española en los últimos años y la hayan incorporado a su familia.
En relación con la formación, las personas que vengan a España para continuar sus estudios tendrán un permiso previo de estancia al mismo tiempo que los estudios y se les facilitará un fast track para poder vincularlo con un permiso de trabajo cuando acaben sus estudios.
“Hemos estimado que con esta reforma puedan regularizarse, de media, 300.000 personas al año durante los próximos 3 años”, apuntó Saiz.
La ministra recordó algunos datos a favor de la integración de los inmigrantes en el mercado laboral, como el hecho de que, según diversos organismos internacionales como Naciones Unidas, España necesita entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para mantener un estado de bienestar.
