Bucarest (EFE). La brutal muerte de unos 15.000 perros callejeros en una perrera privada en Rumanía en apenas dos años ha desatado indignación nacional e internacional, exponiendo un sistema marcado por la crueldad extrema y posibles irregularidades en el uso de fondos públicos. En los últimos 25 años se estima que se han sacrificado 1,5 millones de animales, lo que equivale a casi siete cada hora.
El escándalo estalló tras la difusión en redes sociales de imágenes grabadas en un centro de Suraia (este del país), donde se mostraban perros torturados y dejados agonizar hasta la muerte. La instalación, ya clausurada, firmó más de un centenar de contratos con municipios y sacrificaba hasta el 80 % de los animales que recibía, pese a que la ley prohíbe matar en centros privados.
Un informe parlamentario presentado por la diputada independiente Aurora Tasica Simu documenta graves irregularidades en refugios, incluyendo maltratos y abandono de cachorros sin agua. Según el reporte, más de mil millones de euros se habrían destinado en 25 años a financiar sacrificios, cuando esos fondos habrían permitido esterilizar a 25 millones de animales.
Organizaciones de defensa animal como Justicia para los Animales y Kola Kariola reclaman sustituir la eutanasia por campañas masivas de esterilización y registro. “La solución no es atrapar y matar, sino esterilizar y prevenir el abandono”, subrayó la activista Ioana Cosma. Más de 200.000 personas ya han firmado una petición para poner fin a las matanzas.
Mientras avanza la investigación policial, voluntarios como Gabriela Grecu recuerdan que existen alternativas: desde 2013 ha rescatado a 120 perros y encontrado hogar para muchos de ellos. El caso de Suraia ha reavivado el debate sobre la gestión de los animales en Rumanía y la necesidad urgente de un cambio de modelo que priorice la vida y el bienestar de los perros callejeros.
