Crisis humanitaria en Texas: Más de 6,200 menores detenidos en centros de migración
La situación en los centros de detención migratoria de Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico bajo la actual administración. Según informes recientes de legisladores demócratas tras una inspección en Texas, más de 6,200 menores de edad han sido privados de su libertad en el último año, revelando una política de detención masiva que afecta a familias sin antecedentes penales.
Condiciones precarias y denuncias de negligencia
Tras visitar el centro de detención en Dilley, los congresistas Joaquín Castro y Greg Casar denunciaron un entorno de vulnerabilidad extrema. Los testimonios recogidos apuntan a una alarmante falta de atención médica especializada y tratos degradantes. Entre los casos reportados destaca el de una menor de cinco años que, ante problemas dentales severos, solo ha recibido analgésicos durante meses en lugar de un tratamiento adecuado.
Además de la deficiencia en los servicios de salud, las familias detenidas han presentado denuncias formales por maltrato verbal y racismo por parte del personal de seguridad de la empresa privada CoreCivic. Estas agresiones subrayan una deshumanización sistemática de los migrantes, quienes son blanco de insultos denigrantes mientras permanecen en custodia.
Niveles récord de detención
El informe legislativo destaca que la estrategia actual se ha centrado en operativos de captura dentro de todo el territorio estadounidense, multiplicando las detenciones en espacios públicos y oficinas gubernamentales. Al cierre de enero de 2026, la cifra de migrantes bajo custodia superó los 73,000, estableciendo el récord más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001.
Un llamado al cierre de instalaciones
Ante la evidencia de traumas infantiles y condiciones insalubres, los legisladores han hecho un llamado urgente al cierre del centro de Dilley. El argumento central es que las instalaciones operan bajo una lógica penitenciaria que no es apta para niños, especialmente cuando se trata de personas que no representan una amenaza para la seguridad nacional y que han sido separadas de su entorno sin una justificación criminal.
