Santo Domingo, R.D. – Autoridades de seguridad revelaron que el 90 % de las llamadas fraudulentas que afectan a ciudadanos dominicanos se originan desde las cárceles del país, utilizando teléfonos móviles robados y activados de manera ilegal.
De acuerdo con el informe presentado, los reclusos logran obtener los dispositivos mediante contrabando o a través de terceros, los cuales son utilizados para realizar estafas telefónicas, suplantaciones de identidad y extorsiones a personas dentro y fuera del territorio nacional.
Las investigaciones señalan que las modalidades más frecuentes incluyen llamadas en las que se simula un secuestro, solicitudes de depósitos bancarios y falsas notificaciones de premios, buscando engañar a las víctimas y obtener dinero de manera ilícita.
Las autoridades penitenciarias y de telecomunicaciones informaron que trabajan en un plan conjunto de bloqueo de señales y rastreo de dispositivos para reducir este tipo de delitos. Entre las medidas planteadas se encuentran la instalación de inhibidores de señal en los centros penitenciarios, el control estricto de ingreso de aparatos electrónicos y la cooperación con las empresas telefónicas para identificar líneas asociadas a actividades criminales.
El Ministerio Público reiteró el llamado a la población a no responder llamadas sospechosas, evitar compartir información personal y denunciar de inmediato cualquier intento de fraude a través de las líneas habilitadas.
Este fenómeno representa uno de los mayores retos de seguridad tecnológica y penitenciaria en el país, pues no solo afecta a ciudadanos comunes, sino también a empresas y entidades financieras que han reportado ser blanco de este tipo de estafas.
