La República Dominicana acogerá del 1 al 4 de diciembre la XII Conferencia Regional Anticorrupción, un encuentro internacional que reunirá en Punta Cana a más de 2,000 representantes de 140 países, en reconocimiento a los avances del país en transparencia, ética institucional y lucha contra la corrupción.
El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader durante LA Semanal de este lunes 16 de noviembre, donde destacó la importancia de la transparencia como uno de los pilares de su gestión gubernamental.
El mandatario sostuvo que una mayor transparencia permite identificar irregularidades, corregir deficiencias en las instituciones y llevar ante la justicia aquellos casos en los que existan responsabilidades penales.
«La transparencia es fundamental para tener un buen gobierno, corregir lo que está mal, llevar incluso a la justicia cuando hay temas penales y fortalecer también el control», expresó Abinader.
De su lado, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la selección del país como sede responde a las mejoras registradas en indicadores internacionales sobre transparencia, percepción de la corrupción, integridad y gestión presupuestaria.
Indicó que la República Dominicana ha mostrado avances sostenidos en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional durante los últimos seis años, lo que la coloca entre los pocos países de la región que han mejorado su posición.
Pimentel señaló que la conferencia será una oportunidad para presentar ante la comunidad internacional las reformas legales e institucionales impulsadas en el país y explicar cómo han contribuido al fortalecimiento de los mecanismos de control.
El funcionario recordó que este encuentro tiene alrededor de 30 años de trayectoria y se celebra cada dos años, con la participación de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales.
Entre los factores que atribuyó a los avances nacionales mencionó la voluntad política, las reformas normativas, el fortalecimiento institucional, la creación de una unidad antifraude y de un equipo para recuperar el patrimonio público, así como la independencia del Ministerio Público.
Al presentar los avances de la gestión iniciada en 2020, Pimentel destacó los cambios en el sistema de compras y contrataciones públicas, especialmente en la incorporación de instituciones a las plataformas electrónicas y la ampliación de la participación de proveedores.
Explicó que las entidades que utilizaban el sistema electrónico para adquirir bienes, servicios y obras pasaron de unas 220 en 2020 a aproximadamente 670 en la actualidad.
También indicó que más de 100 hospitales y cerca de 200 gobiernos locales y distritos municipales fueron incorporados a estas herramientas, junto con unas 258 instituciones al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
Otro de los avances señalados fue la reducción del tiempo promedio de pago a los proveedores del Estado, que actualmente se sitúa en 22 días después de la presentación de la factura.
Para facilitar el seguimiento de estos procesos, destacó la plataforma Infopago, que permite consultar el estado de las facturas, verificar los tiempos de pago por institución y dar seguimiento a las transacciones.
Pimentel también resaltó el aumento de la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en las compras públicas.
Explicó que la nueva Ley de Contrataciones Públicas elevó del 20 % al 30 % la proporción mínima del presupuesto de compras que las instituciones deben destinar a este sector. Sin embargo, afirmó que actualmente el promedio de participación alcanza el 38 %.
En cuanto a las empresas lideradas por mujeres, indicó que la proporción mínima aumentó del 5 % al 10 %, mientras que su participación actual ronda el 12 %.
Asimismo, destacó la incorporación de las cooperativas como proveedoras del Estado, con más de 1,400 organizaciones registradas, además de la apertura de oportunidades para entidades sin fines de lucro.
El funcionario agregó que estos cambios han contribuido a distribuir las oportunidades de contratación pública en distintas zonas del país, reduciendo la concentración que anteriormente existía en el Gran Santo Domingo.



