El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, propuso instalar tribunales móviles en los centros penitenciarios con mayores niveles de hacinamiento, con el propósito de reducir los aplazamientos de audiencias y agilizar los procesos judiciales.
La iniciativa forma parte de las medidas que el magistrado busca impulsar durante sus primeros 100 días de gestión y contempla una coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública para trasladar los tribunales hasta las cárceles.
Montero explicó que esta modalidad ya se había implementado anteriormente con resultados positivos y consideró que retomarla ayudaría a evitar las dificultades que se presentan cuando los privados de libertad deben ser trasladados a las salas de audiencia.
Asimismo, indicó que se buscará garantizar el desplazamiento del personal judicial y facilitar la asistencia de víctimas y testigos, a fin de evitar interrupciones en los procesos.
Otra de las propuestas del presidente de la SCJ consiste en fomentar los acuerdos y las conciliaciones en procesos judiciales de menor gravedad, para evitar sanciones que puedan resultar desproporcionadas en relación con los delitos cometidos.
La iniciativa se trabajaría a través de una mesa de gobernanza penal, desde la cual se impulsarían mecanismos alternativos para resolver determinados conflictos sin recurrir necesariamente a penas de prisión.
El magistrado también llamó la atención sobre las limitaciones del sistema penitenciario para cumplir con su propósito de reeducación y reinserción social, por lo que consideró necesario evaluar las consecuencias del encarcelamiento en determinados casos.
Para garantizar el cumplimiento de las iniciativas anunciadas, Montero informó que designó una comisión de seguimiento integrada por dos funcionarios y un consejero, que tendrá a su cargo supervisar los avances y presentar informes sobre su ejecución.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia explicó que busca establecer mecanismos de evaluación que permitan verificar los resultados de las propuestas durante sus primeros 100 días de gestión.
Con esta comisión, el magistrado procura que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas y no queden únicamente en anuncios.
