La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) presentaron los resultados de un estudio que analiza el impacto económico de la justicia en República Dominicana y advierte sobre los efectos de las demoras judiciales en las empresas, las inversiones y la calidad de vida de los ciudadanos.
La investigación, titulada Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en República Dominicana, identificó avances en los tiempos de resolución de los casos, pero también oportunidades para reducir los costos que generan los procesos prolongados, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Entre los principales hallazgos figura una reducción cercana al 10 % en la duración promedio de los asuntos fallados, que pasó de 80.9 días hábiles durante el primer semestre de 2025 a 72.7 días en el mismo período de 2026.
Sin embargo, el estudio señala que el 51.79 % de los encuestados afirmó que un litigio le impidió iniciar un negocio o vender una propiedad, mientras que el 52.6 % tuvo que interrumpir sus actividades laborales debido a un proceso judicial.
Asimismo, el 48.7 % indicó que postergó o modificó decisiones relacionadas con su vida o patrimonio, entre ellas la apertura de un negocio.
Los resultados muestran que solo el 42.06 % de los asuntos evaluados fue fallado dentro del plazo legal de referencia.
Por tipo de tribunal, las cortes de apelación registraron una duración promedio de 148 días hábiles, mientras que los procesos inmobiliarios alcanzaron los 165 días hábiles durante el período analizado.
La investigación también identificó dificultades para ejecutar las decisiones judiciales, una situación que puede prolongar los costos económicos incluso después de que se emite una sentencia.
Según los hallazgos cualitativos, las empresas pequeñas enfrentan mayores dificultades para sostener procesos prolongados debido a sus limitados recursos financieros y organizacionales.
Ante estos resultados, ANJE propuso cuatro líneas de acción para la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial.
Entre las recomendaciones figuran mejorar la gestión de los casos según la materia y el territorio, con especial atención a la Jurisdicción Inmobiliaria y las cortes de apelación; fortalecer los mecanismos para ejecutar las decisiones judiciales; mejorar los registros para medir con mayor precisión la duración real de los procesos; e impulsar servicios digitales y métodos alternativos de resolución de conflictos accesibles para las mipymes.
El presidente de ANJE, Boris De León Reyes, sostuvo que el estudio puede contribuir al diseño de reformas y políticas públicas orientadas a mejorar el servicio judicial, al tiempo que destacó la relación entre la eficiencia de la justicia, la estabilidad empresarial, la inversión y el bienestar ciudadano.
Por su parte, el director de la ENJ, Ángel Brito, afirmó que evaluar los costos de la actividad judicial no significa poner precio a los derechos, sino reconocer que una administración racional de los recursos puede contribuir a protegerlos mejor.
Brito también destacó la importancia de utilizar evidencia para identificar problemas, corregir procesos, fortalecer capacidades y diseñar políticas judiciales que respondan a las necesidades de la población y de los sectores productivos.
El estudio contó con la participación de investigadores del Grupo Pareto, bajo el liderazgo del economista Rolando M. Guzmán, junto con los equipos técnicos de ANJE y la ENJ.
La investigación se sustentó en el análisis de 769,823 asuntos fallados entre enero de 2025 y junio de 2026, además de entrevistas a empresas, abogados y expertos, y una encuesta aplicada a 230 personas con procesos judiciales finalizados.
Los resultados buscan aportar evidencia sobre los efectos económicos de la duración de los procesos judiciales y orientar medidas que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia y reducir los costos que enfrentan ciudadanos y empresas.
