República Dominicana es sede del Foro Regional de Infraestructura Pública Digital, un encuentro que reúne este 29 y 30 de septiembre a representantes de 22 países de América Latina y el Caribe para analizar los avances y desafíos de la transformación digital de los Estados.
El foro, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), aborda temas como interoperabilidad, gobernanza de datos, ciberseguridad y modernización de los servicios públicos.
Durante la apertura, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que las infraestructuras públicas digitales son fundamentales para conectar instituciones, facilitar los servicios y fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Freund comparó el desarrollo de estas plataformas con la construcción de grandes infraestructuras físicas durante el siglo pasado y señaló que el desafío actual es crear “puentes digitales” que permitan la comunicación entre las instituciones.
“El desafío actual ya no es solo digitalizar, sino conectar de forma equitativa”, expresó el funcionario, al destacar la importancia de garantizar la privacidad, la ciberseguridad y la inclusión en el acceso a estos servicios.
Freund explicó que República Dominicana desarrolla la Agenda Digital 2030, que contempla iniciativas relacionadas con conectividad, gobierno digital, competencias tecnológicas, ciberseguridad y modernización de los servicios públicos.
Entre los proyectos mencionó el Marco Nacional de Gobernanza de Datos y la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, que busca que las instituciones puedan anticiparse a determinadas necesidades de los ciudadanos, especialmente en áreas como protección social y vacunación infantil.
De su lado, el director general de la OGTIC, Edgar Batista, resaltó que las infraestructuras digitales deben estar diseñadas pensando en las personas y no únicamente en los sistemas tecnológicos.
Batista sostuvo que la coordinación entre las instituciones es necesaria para evitar que los ciudadanos tengan que realizar esfuerzos adicionales al momento de acceder a los servicios públicos.
En la actividad también participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la directora para América Latina y el Caribe de Co-Develop, Aura Cifuentes; la jefa de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Paula Acosta, y la directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA), María Fernanda Trigo.
Trigo señaló que la infraestructura pública digital puede contribuir a transformar la relación entre las instituciones y la ciudadanía.
Mientras, Cifuentes destacó la importancia de desarrollar sistemas abiertos que no dependan de un único proveedor y que permitan a cada país crear sus propias soluciones.
Acosta explicó que una infraestructura digital segura y compartida facilita la conexión entre los servicios públicos y evita que cada institución tenga que desarrollar sistemas aislados.
Durante el foro se desarrollan paneles con especialistas internacionales para analizar el estado de las infraestructuras públicas digitales en la región y los principales desafíos para su implementación.
La jornada también contempla la presentación de las Credenciales Verificables, una herramienta que permitirá presentar y validar digitalmente documentos emitidos por el Estado.
Esta funcionalidad estará integrada en la aplicación Soy Yo RD, Carpeta Ciudadana, desarrollada para concentrar documentos personales y facilitar la consulta del estado de distintos trámites ante la administración pública.
El encuentro también funciona como antesala de la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC) y de la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital, que se celebrarán en Santo Domingo a partir del 1 de octubre.
Además de las delegaciones gubernamentales, el foro cuenta con la participación de representantes de organismos internacionales, académicos, especialistas, miembros del sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
