Entra en vigor el nuevo Código Penal y comienza una nueva etapa para la justicia dominicana

Entra en vigor el nuevo Código Penal y comienza una nueva etapa para la justicia dominicana

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El nuevo Código Penal de la República Dominicana entró en vigor este lunes 3 de agosto, poniendo fin a más de dos décadas de debates, modificaciones y proyectos legislativos. La normativa inicia su aplicación un año después de la aprobación de la Ley 74-25, que estableció un período de vacatio legis para que las instituciones adecuaran sus procedimientos.

La entrada en vigencia se produce semanas después de que el presidente Luis Abinader promulgara las modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional, oficializando la reforma y dejando el camino preparado para la implementación de la nueva legislación.

Como parte del proceso, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 507-26, mediante el cual creó una comisión de seguimiento encargada de evaluar la aplicación del Código Penal y proponer mejoras en caso de ser necesarias.

La comisión será presidida por Milton Ray Guevara e integrada por Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats, Alejandro Moscoso Segarra, Aníbal de Castro y Persio Maldonado. Sus miembros ejercerán sus funciones de manera honorífica.

Al promulgar la normativa, la Presidencia destacó que el nuevo Código Penal fortalece el marco jurídico nacional mediante un proceso de consenso democrático y revisión técnica, además de incorporar nuevos tipos penales acordes con la realidad actual.

El Gobierno afirmó que la legislación busca reforzar el debido proceso, la protección de los derechos fundamentales, la transparencia institucional y la capacidad del sistema de justicia para responder a los desafíos sociales contemporáneos.

Pese a su entrada en vigor, el debate sobre el Código Penal continúa. La comisión de seguimiento tendrá la responsabilidad de evaluar su aplicación práctica e identificar posibles ajustes que puedan ser incorporados mediante futuras reformas.

Con la puesta en marcha de la nueva normativa, el país inicia una nueva etapa en su sistema de justicia, mientras autoridades y distintos sectores observan de cerca los efectos de su implementación.

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