La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en la República Dominicana. Debido a las modificaciones introducidas por los legisladores, la iniciativa deberá regresar al Senado para su conocimiento.
La propuesta, sometida por los senadores Pedro Catrain y Félix Bautista, establece el marco legal para la autorización, fiscalización y supervisión de las personas físicas y jurídicas que operen o comercialicen actividades relacionadas con apuestas y juegos de azar en el país.
El proyecto también regula el funcionamiento de estas actividades y procura fortalecer la recaudación de los impuestos y tasas generados por el sector. Además, fija los derechos y obligaciones de los operadores, tanto de establecimientos físicos como de plataformas electrónicas, virtuales e interactivas, e incorpora medidas para proteger a los usuarios.
Entre sus objetivos figura la creación de un régimen de licencias para los operadores, así como mecanismos para prevenir el fraude, combatir el lavado de activos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La iniciativa también contempla la protección de los niños, niñas y adolescentes, el mantenimiento del orden público y una mayor supervisión estatal sobre todas las actividades vinculadas a las apuestas y juegos de azar.
En cuanto a su alcance, la ley aplicará a todas las personas y empresas que desarrollen, operen o comercialicen este tipo de actividades en el territorio nacional, incluyendo aquellas que funcionen mediante plataformas tecnológicas. Quedan excluidos los juegos recreativos sin fines de lucro y que no impliquen ganancias económicas.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que, una vez se publique el registro oficial de licenciatarios, se suspenderá durante diez años el otorgamiento de nuevas licencias para la instalación de establecimientos de juegos de azar. La única excepción será para los casinos ubicados en hoteles y zonas turísticas.
Asimismo, la propuesta prohíbe instalar establecimientos de juegos de azar a menos de 500 metros de escuelas, universidades, hospitales, iglesias, estancias infantiles, cuarteles policiales y militares, centros CAID, sedes de los poderes del Estado y otros órganos extrapoder. También establece una distancia mínima de 500 metros entre bancas deportivas.
Los proponentes sostienen que la legislación busca actualizar y unificar las normas que actualmente regulan el sector, con el propósito de fortalecer el control estatal, mejorar la supervisión y adaptar el marco jurídico a la realidad actual de la industria de los juegos de azar.
