El senador Antonio Taveras Guzmán reiteró la propuesta que sometió hace un mes al pleno del Senado para modificar varios artículos del Código Penal con el propósito de fortalecer las garantías de la libertad de expresión y de prensa, así como adecuar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad, con el objetivo de proteger a los medios de comunicación de sanciones desproporcionadas.
La iniciativa plantea cambios a los artículos 208, 210 y 212, además de la derogación del artículo 310 del Código Penal, con el objetivo de adecuar la legislación a los principios constitucionales y a los estándares internacionales sobre derechos fundamentales.
En lo relativo al artículo 208, sobre la difamación, el senador propone que este delito se limite exclusivamente a la imputación de hechos falsos y no abarque opiniones, críticas o valoraciones subjetivas. Asimismo, plantea eliminar las penas de prisión de dos a cinco años y sustituirlas por sanciones de carácter civil, consistentes en multas de entre dos y ocho salarios mínimos, además de medidas socio-judiciales.
Mediante una nota informativa, Taveras explicó que la propuesta no pretende eliminar la protección del honor de las personas, sino evitar que el derecho penal sea utilizado para restringir el debate público o intimidar a ciudadanos, periodistas, comunicadores y medios de comunicación por el ejercicio de su derecho a opinar. De igual forma, mantiene el derecho de la persona afectada a reclamar la correspondiente indemnización por los daños ocasionados.
Respecto al artículo 210, sobre la injuria, la iniciativa establece que este tipo de expresiones, por su naturaleza subjetiva, no debe ser castigado con sanciones penales severas, sino mediante multas y reparación civil, permitiendo así un adecuado equilibrio entre la protección de la dignidad personal y la libertad de expresión.
En cuanto al artículo 212, la propuesta rechaza expresamente la posibilidad de imponer el cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus operaciones o la incautación de equipos como consecuencia de estos delitos, al considerar que tales medidas constituyen mecanismos de censura indirecta incompatibles con una sociedad democrática. En caso de establecerse alguna responsabilidad para un medio de comunicación, esta deberá ser estrictamente de carácter civil.
El legislador propone la derogación del artículo 310, relativo al ultraje a funcionarios públicos, al entender que quienes ejercen funciones públicas deben estar sometidos a un mayor nivel de escrutinio ciudadano y tolerancia frente a las críticas, debido al impacto colectivo de sus decisiones.
“Esta reforma no busca debilitar la protección del honor ni permitir abusos en la comunicación pública. Busca establecer un equilibrio constitucional que proteja la dignidad de las personas sin convertir el derecho penal en una herramienta para limitar la crítica, la prensa libre y la participación ciudadana”, expresó el senador Antonio Taveras.
