La Fundación Primero Justicia denunció que decenas de ciudadanos permanecen en destacamentos sin ser trasladados a la Ciudad Judicial para conocer las solicitudes de medidas de coerción presentadas por el Ministerio Público, situación que calificó como un “secuestro” y una grave violación al Estado de Derecho.
La entidad afirmó que algunos arrestados llevan hasta seis semanas en condiciones de completo hacinamiento, sin una orden judicial definitiva, lo que según señaló constituye una violación al plazo de 48 horas establecido en la Constitución para que una persona detenida sea presentada ante un juez.
De acuerdo con la Fundación, la situación se ha agravado por la negativa del sistema penitenciario de recibir nuevos internos en centros como San Luis, Las Parras y La Victoria, debido a la falta de espacio, lo que ha generado que los detenidos permanezcan en destacamentos mientras las instituciones involucradas se atribuyen responsabilidades.
Explicó que, según las autoridades penitenciarias, una vez un juez impone prisión preventiva, los destacamentos dejan de ser competencia para alojar a esas personas, ya que pasan a estar bajo responsabilidad del sistema carcelario.
“Se trata de una situación anómala, peligrosa e inconstitucional que recuerda épocas oscuras en las que personas permanecían apresadas sin límite de tiempo ni control judicial”, afirmó la organización.
La Fundación Primero Justicia sostuvo que el conflicto institucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia ha dejado a cientos de ciudadanos en una especie de limbo jurídico, al no ser trasladados oportunamente para que un juez conozca las solicitudes de coerción.
La organización también cuestionó la demora en la puesta en funcionamiento de la cárcel de Ciudad Judicial, instalación que, según indicó, permitiría que los arrestados sean puestos inmediatamente a disposición judicial sin necesidad de traslados desde los destacamentos.
Sin embargo, advirtió que persiste el problema de la falta de espacios en los centros penitenciarios, y señaló que no sería hasta octubre cuando Las Parras habilitaría una nueva sección para recibir más internos.
La Fundación Primero Justicia exhortó a las autoridades a buscar una solución inmediata que garantice el respeto a los derechos fundamentales de las personas detenidas y el cumplimiento de los plazos establecidos por la Constitución.
