Un reciente informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas ha revelado que, durante el año 2025, se registraron y corroboraron cuatro denuncias de explotación y abuso sexual cometidas por miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS). Esta fuerza, liderada por Kenia, operó en el país caribeño hasta finales del año pasado antes de ser reemplazada por una nueva unidad táctica.
Investigaciones y medidas correctivas
De acuerdo con el documento titulado “Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexual”, las denuncias fueron ratificadas tras una investigación exhaustiva de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Los informes de estos casos han sido remitidos tanto a la antigua misión como a la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) para que se ejecuten las acciones legales y correctivas pertinentes contra los responsables.
Un cambio de mando en un contexto crítico
La revelación de estos abusos coincide con un momento de transición en la estrategia de seguridad para Haití. Debido a la limitada efectividad de la MSS para contener la expansión de las bandas armadas —que actualmente controlan cerca del 90 % de Puerto Príncipe—, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la creación de la GSF. Esta nueva fuerza, cuyos primeros efectivos llegaron recientemente desde Chad, asume el control en medio de una crisis humanitaria que ha dejado más de 5,500 víctimas mortales en el último año.
El reto de la legitimidad
Este escándalo de conducta sexual inapropiada añade una capa extra de complejidad a la intervención internacional. La impunidad y la falta de control sobre las fuerzas de apoyo han sido críticas constantes de la sociedad civil haitiana. El éxito de la nueva misión (GSF) dependerá no solo de su capacidad para desmantelar pandillas en los departamentos de Centro y Artibonite, sino también de su capacidad para garantizar que su personal respete íntegramente los derechos humanos de la población que pretende proteger.
