Desde este miércoles entra en vigor la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 47-25, una normativa que endurece de manera significativa el régimen de incompatibilidades para los funcionarios públicos, al eliminar por completo la posibilidad de que estos puedan participar como proveedores del Estado, sin importar el porcentaje de acciones que posean en una empresa.
Con la entrada en vigor de la nueva legislación queda derogado el criterio establecido en la Ley 340-06, que permitía a un funcionario contratar con el Estado siempre que su participación accionaria fuera igual o inferior al 10 %. A partir de ahora, cualquier nivel de participación, incluso mínima, coloca automáticamente al servidor público en un régimen de incompatibilidad absoluta.
El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que el reglamento de aplicación será firmado este miércoles a las 4:00 de la tarde por el presidente de la República, lo que activa formalmente el nuevo sistema.
A partir de ese momento, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) iniciará la depuración del Registro de Proveedores del Estado (RPE) para identificar e inhabilitar a congresistas, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades electas de los ayuntamientos que aún figuren como suplidores.
Pimentel subrayó que la Ley 47-25 no constituye una simple modificación de artículos, sino una reforma estructural tras dos décadas de vigencia de la Ley 340-06.
