El anuncio del primer nacimiento del año 2026 en el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, hija de una adolescente de apenas 16 años, vuelve a encender las alarmas sobre una problemática persistente y profundamente preocupante en la República Dominicana: el embarazo en menores de edad.
Más allá de la información médica, que confirma que tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud, el hecho genera interrogantes que no pueden ni deben ser ignoradas. ¿Hasta cuándo nuestras adolescentes continuarán enfrentando maternidades a edades tan tempranas? ¿Dónde están fallando los sistemas de prevención, orientación y acompañamiento familiar y comunitario?
Asimismo, surge una pregunta clave que guarda relación directa con la protección de derechos: ¿quién es el padre del recién nacido? En casos como este, resulta indispensable conocer si el progenitor es también menor de edad o si se trata de un adulto, situación que implicaría responsabilidades legales claras conforme a la legislación vigente. La sociedad tiene derecho a saber si el Estado activa protocolos para investigar, proteger a la menor y hacer cumplir la ley cuando corresponde.
El embarazo adolescente no es solo un tema de salud pública; es un asunto social, educativo y legal. Involucra al sistema educativo, a las familias, a las instituciones de protección de la niñez y adolescencia, y al aparato judicial. La atención médica es fundamental, pero no suficiente si no va acompañada de acciones concretas que prevengan la repetición de estos casos y garanticen justicia cuando hay vulneración de derechos.
La maternidad a temprana edad condiciona el presente y el futuro de muchas jóvenes, limitando oportunidades educativas, económicas y personales. Normalizar esta realidad equivale a renunciar a la protección integral de nuestras adolescentes y a la responsabilidad colectiva de ofrecerles un entorno seguro, informado y justo.
Este caso debe servir como llamado de atención. No para señalar, sino para exigir respuestas, revisar protocolos y reforzar políticas públicas que coloquen en el centro la protección de la niñez y la adolescencia. El silencio institucional, frente a realidades tan delicadas, solo profundiza un problema que el país no puede seguir postergando.
