En una medida que intensifica la crisis política en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha revocado la nacionalidad y confiscado los bienes de 135 ex detenidos políticos. Esta acción fue anunciada el martes por el poder judicial, ampliamente criticado por su lealtad al régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Los 135 individuos, quienes habían sido enviados a Guatemala la semana pasada gracias a la mediación de Estados Unidos, enfrentaron esta decisión tras ser considerados por el tribunal de Managua como responsables de delitos que atacaron la «Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense». Además de perder su nacionalidad, se les ha confiscado todos sus bienes, según el comunicado oficial.
Jason Salazar, uno de los afectados y activista político detenido en 2023, expresó su profundo desamparo tras recibir la noticia. “Nos han desterrado y nos han hecho sentir como si ya no fuéramos nicaragüenses. Después de 18 meses de prisión, nos vemos obligados al exilio, pero nuestra identidad nicaragüense es algo que no podrán quitarnos”, afirmó Salazar.
En su nuevo hogar en Guatemala, Salazar y otros exiliados están enfrentando el desafío de reconstruir sus vidas. “Estamos en proceso de reasentamiento y buscando maneras de regularizar nuestra situación migratoria. Muchos de nosotros queremos viajar y estamos trabajando en ello”, añadió.
La ONU ha denunciado la reciente legislación aprobada por el parlamento nicaragüense, bajo el control del gobierno de Ortega, que podría exacerbar la represión de los nicaragüenses en el exilio. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra discutió un informe sobre la situación en Nicaragua, elaborado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, destacando la necesidad urgente de proteger los derechos de los exiliados.
