Santo Domingo, 9 de septiembre de 2025 — El juez José Manuel Arias, de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, vuelve al centro del escrutinio público tras autorizar un permiso laboral al exembajador Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por incesto contra su hijastra menor de edad. La decisión se suma a una serie de fallos controversiales emitidos por el magistrado, incluyendo la libertad anticipada otorgada en su momento a José Eduardo Ciprián Lebrón, alias “Chuky”, condenado por su implicación en el atentado contra el expelotero David Ortiz.
Ciprián Lebrón fue liberado a mitad de su condena y, apenas dos semanas atrás, murió en un tiroteo en Herrera, Santo Domingo Oeste, junto a otros dos hombres. El hecho ha reactivado el debate sobre los criterios judiciales aplicados en casos de alto perfil.
En el caso de Santana Cuevas, el juez Arias autorizó que el exfuncionario trabaje como profesor en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD), bajo la modalidad de prisión domiciliaria los fines de semana y días feriados. La solicitud fue avalada por el vicepresidente del CARD, Juan Pérez Roa, quien fungió como garante laboral. La defensa estuvo a cargo de los abogados José Fernando Pérez Vólquez, Manuela Ramírez Orozco y Valentín Medrano Peña.
Santana Cuevas fue condenado en 2019 por abusar sexualmente de su hijastra desde los 11 hasta los 14 años, sentencia ratificada por la Suprema Corte de Justicia.
Las decisiones del juez Arias han generado preocupación en sectores jurídicos y sociales, que cuestionan la coherencia institucional en la lucha contra la impunidad y la protección de las víctimas. La coincidencia de estos fallos plantea interrogantes sobre los mecanismos de evaluación judicial y la responsabilidad de los garantes institucionales en casos de alto impacto reputacional.
