La abogada y activista Maxi Feliz, pionera en la defensa jurídica de los derechos de las personas con autismo en República Dominicana, denunció que lo que el Ministerio de Educación (MINERD), en la Dirección de Educación Especial, llama “educación inclusiva” es, en la práctica, un modelo mixto de integración y segregación que contradice los estándares internacionales y vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana y el derecho internacional de los derechos humanos.
Feliz advirtió que este modelo educativo incumple con:
(1) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) – ratificada por el Estado dominicano y parte del bloque de constitucionalidad (art. 58 Const. RD; (2) Ley núm. 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad – que reconoce la educación inclusiva como principio rector, específicamente, artículo 11; (3) Ley núm. 34-23 sobre Atención, Inclusión e Integración de las Personas con TEA – que dispone formación docente, protocolos de abordaje, apoyos y sanciones por discriminación, específicamente en sus artículos 13 y siguientes; (4) Art. 39 (derecho a la igualdad y prohibición de toda forma de discriminación); (5) Art. 63 (derecho a la educación, con acceso universal, equidad e inclusión); (6) Arts. 38 y 43 (derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad), y, (7) Art. 74 (bloque de constitucionalidad y aplicación directa de los tratados internacionales).
Cuando el Estado permite que se expulse a un niño por ser diferente, no solo viola leyes nacionales, viola tratados internacionales de derechos humanos, colocándonos en una posición internacionalmente vergonzosa frente a los otros Estados y los organismos internacionales, declaró.
Feliz, autora de la primera investigación jurídica nacional sobre los derechos de las personas con autismo, compartió el testimonio reciente de una familia que vivió, lo que describe como uno de los momentos más dolorosos de sus vidas, cuando su hijo no fue aceptado en un centro educativo privado:
“Acabo de pasar por la peor situación que una familia con un niño neurodivergente puede vivir: la escuela donde va mi otro hijo me llamó para decirme que no podían aceptar al niño porque ‘no estaban preparados’, alegando que, supuestamente, necesita una educación especial. Nos dijeron que buscáramos otra institución, me siento tan mal que necesitaba desahogarme. De verdad que es injusto lo que pasa en mi país con los niños atípicos.”
Para la activista, este relato no es un caso aislado, sino un reflejo de lo que viven muchas familias dominicanas a diario:
Nos hablan de inclusión como un derecho, pero las escuelas siguen cerrando sus puertas a niños con diagnósticos. A las familias se les culpa, se les margina y se les empuja a improvisar como terapeutas. ¿De qué inclusión hablamos si nuestros niños siguen saliendo por la puerta trasera del sistema? LA INCLUSIÓN NO SE PROMETE, SE CUMPLE.
Incumplimiento de la Ley 34-23: “La ley está ahí, pero sin voluntad del Estado ni presupuesto es solo letra muerta.”
Feliz cuestionó al MINERD, a las escuelas privadas y a las autoridades competentes por el incumplimiento reiterado de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión e Integración de las Personas con Trastornos del Espectro Autista, señalando la ausencia de:
- Formación obligatoria y continua para todo el personal docente.
- Protocolos claros de abordaje y acompañamiento individualizado.
- Supervisión efectiva del cumplimiento de ajustes razonables.
- Sanciones reales para instituciones que excluyen por diagnóstico.
- Personal especializado (psicólogos, terapeutas, auxiliares) dentro de las aulas regulares.
La ley no puede quedarse en un acto simbólico o en una foto de prensa. Necesitamos aulas adaptadas, directores con conciencia y docentes respaldados. El ‘no estamos preparados’ o ‘no hay cupo’ es la nueva forma de decir ‘no queremos a tu hijo aquí’. Eso es discriminación, y es ilegal. Sin cupo, sin terapias… y el sistema nos mira de lejos.
La expulsión encubierta: una herida diaria
La abogada Feliz alertó de que, bajo excusas administrativas o conductuales, muchos colegios —sobre todo privados— expulsan de forma encubierta a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), sin asumir consecuencias y con la complicidad de un silencio institucional que normaliza la injusticia.
La expulsión disfrazada de recomendación es violencia y esto ocurre todos los días, mientras se pronuncian discursos sobre inclusión en foros y redes sociales. Niños brillantes, con un potencial inmenso, están siendo empujados fuera del sistema solo porque aprenden de una manera diferente. Aunque también, hay colegios inclusivos que sí están trabajando aun cuando no reciben el apoyo del Estado.
La activista hizo un llamado directo al Estado, al sector educativo, a la sociedad civil y a los medios de comunicación para asumir este problema como una cuestión de derechos humanos y no como un tema secundario:
Los niños con autismo no necesitan compasión, sino oportunidades reales. El autismo no es una enfermedad, es una manera diferente de procesar, comprender y aprender del mundo. Nuestros hijos no están rotos ni necesitan ser ‘arreglados’; necesitan entornos que respeten sus tiempos, sus intereses y sus formas de aprender. La convivencia entre niños típicos y atípicos no solo es posible, es enriquecedora para todos: enseña empatía, tolerancia y el valor de la diversidad. Sin apoyo, ese potencial se apaga. Estamos perdiendo talentos, apagando voces y condenando futuros porque no entendemos lo diferente. Abramos los ojos: esto es discriminación, esto es injusticia y, si se estudia y se escucha, se puede comprender y transformar; negarlo es seguir siendo parte del problema.
Propuesta para una inclusión real
En su calidad de madre de un niño con TEA y representante de familias afectadas, Feliz presentó propuestas concretas:
Actualmente, las aulas públicas para estudiantes con TEA son limitadas y no cubren la demanda nacional, lo que obliga a muchas familias a recurrir a colegios privados inclusivos. Sin embargo, aunque puedan pagar la colegiatura, la mayoría no puede costear una maestra sombra o auxiliar, figura indispensable para garantizar la adaptación y el progreso de los estudiantes con TEA. Además, sin datos, no hay inclusión. Aún no existen estadísticas nacionales confiables sobre el número real de personas neurodivergentes en el país, lo que dificulta la planificación y ejecución de políticas educativas inclusivas. Por tanto, Feliz propone lo siguiente:
- Levantamiento nacional de estadísticas confiables sobre neurodiversidad, indispensable para diseñar políticas basadas en datos.
- Ampliación urgente de aulas públicas inclusivas y asignación de presupuesto necesario, —-NO EL MÍNIMO— para la implementación de la Ley 34-23.
- Expansión efectiva del CAID y apertura de más centros con personal capacitado; que los adolescentes y adultos sean incluidos, no excluidos.
- Subsidio estatal para cubrir el salario de maestras sombra en colegios privados inclusivos, mientras las familias pagan matrícula y mensualidad.
- Alternativamente, que el MINERD forme, contrate y asigne maestras sombra en colegios inclusivos, lo que también generaría empleo para estudiantes de escasos recursos para costear sus estudios y acercase aún más a la preparación y concienciación de la neurodiversidad.
- Cupo garantizado en escuelas regulares, con apoyos adecuados.
- Formación obligatoria para todos los docentes y personal escolar sobre neurodiversidad.
- Transparencia total, es decir, reportes frecuentes sobre avances y uso de esos fondos.
- Campañas constantes de concienciación para desmontar prejuicios y desinformación.
Esto no es un favor, es el cumplimiento de la ley. Y si tenemos que ir a los tribunales, iremos; nuestros hijos no están pidiendo permiso: están reclamando lo que ya les pertenece. Sin datos, no hay inclusión. Sin acción política, no hay derechos, expresó Feliz.,
